¿Hay derecho?

Se ha abierto el debate a nivel nacional acerca del matrimonio gay y su validez legal en la justicia argentina; cabe aclarar que estamos hablando de ciudadanos argentinos que tienen otra decisión sobre sus vidas privadas. El tema se encuentra en la palestra de todos los ámbitos donde se comente sobre la posible legalización del casamiento entre personas del mismo sexo. No se hizo esperar la postura que abrazaron las iglesias protestantes de nuestro país, las cuales sostienen aquello de “papá y mamá me dan una identidad” oponiéndose de manera inquebrantable ante la posibilidad de casamientos entre personas de un mismo género.
Por su parte la iglesia católica sostiene de manera muy crítica su postura sobre el matrimonio gay y su posible interferencia en las bases de la sociedad actual. La legislación argentina es anacrónica con las necesidades de las personas que componen esa sociedad, dado que conforme evolucionan las sociedades de ese mismo modo deberían amoldarse las leyes que nos rigen.
No se olvide que hablamos de personas, de ciudadanos que conforman una de las tantas aristas que hacen a la sociedad toda y tal cual profesa el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional: “Las acciones privadas de los hombres (entiéndase esto como género humano) que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Ahora, tomándonos de lo dicho por uno de los precursores de las marchas en contra del matrimonio homosexual, Rubén Proietti de ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas), estas marchas se llevan adelante “sin ánimo de discriminar”